LLEGAN LOS BONOS SUBORDINADOS DEL BANCO POPULAR

Los clientes de Banco Popular que invirtieron en bonos subordinados necesariamente convertibles han visto como el capital que invirtieron sufre una merma en torno al 80%.

Cuando se pensaba haberlo visto todo por lo que respecta a deficiente comercialización de productos financieros (swaps, venta masiva de  participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, cláusulas suelo, etc.),  como  si  de la enésima secuela de una saga de terror se tratara, llegan ahora los BONOS SUBORDINADOS NECESARIAMENTE CANJEABLES DEL BANCO POPULAR.

¿Qué son y cómo se comportan estos BONOS SUBORDINADOS?

En el año 2009, el Banco Popular Español, SA  emitió los denominados “bonos subordinados necesariamente convertibles de Banco Popular Español, SA – I/2009”. Estos bonos – de 1.000 € de valor nominal cada uno- eran necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión de la entidad.

Estos valores vencían el 23 de octubre de 2013.

Antes de  la fecha de vencimiento -año 2012- la entidad ofreció a sus titulares su canje por “Bonos Subordinados en Obligaciones Convertibles de Banco Popular Español SA-V11-15”. Estos bonos también eran necesariamente convertibles en acciones de la entidad y con un nuevo vencimiento el 25 de noviembre de 2015.

Llegada la fecha de vencimiento, los tenedores de este producto han visto como el valor establecido para realizar el canje por acciones -“precio de conversión”– se fijó en 17,61 € por acción, mientras que el valor actual en bolsa de esas acciones es de únicamente 3,30 €.

Ello significa que, el 25 de noviembre de 2015:

  • Un comprador ordinario compraba a 3,30 € por acción
  • Un titular de “bonos subordinados” tiene que comprarlas obligatoriamente a 17,61 € por acción.

El efecto es de dicha conversión supone:

  • Por cada bono de 1.000 € el tenedor obtiene 56 acciones
  • La venta actual de esas acciones –al precio de 3,30 €/acción- le reportarían 184,80 €
  • Si a esa cantidad le añadimos los intereses percibidos por el tenedor del bono, la pérdida puede quedar alrededor del 50 %

¿Qué pueden hacer los tendedores de Bonos convertibles?

No debemos olvidar que se trata de productos financieros de inversión de naturaleza compleja y arriesgada que junto a una buena rentabilidad inicial -7% el primer año- comportan una serie de riesgos inherentes a la propia aleatoriedad de las fluctuaciones del mercado.

Y es precisamente esta complejidad la que los hace aptos, exclusivamente, para aquéllos clientes que presentan un perfil inversor profesional y no para aquéllos que nuevamente caen en la cuenta de que el producto que les vendieron no era  ni de lejos lo que inicialmente creían que contrataban.

Si el comprador reúne este perfil de cliente minorista (sin conocimientos avanzados en productos de inversión), la entidad bancaria debió comercializar el producto informado convenientemente al cliente de su naturaleza compleja y de los riesgos de implicaba la inversión, cumpliendo así los  deberes de asesoramiento leal y ofrecimiento de información veraz, clara y no engañosa sobre el producto. Deberes a los que viene obligada por ley.

Si no fue así, el cliente puede instar judicialmente la nulidad de la orden de compra de los bonos así como del posterior canje. En caso de éxito la ello comportará la obligación de la entidad de reintegrar al cliente el capital y los intereses legales devengados desde la fecha de la inversión, debiendo devolver el cliente los intereses percibidos durante la vigencia del contrato declarado nulo.

Son tiempos difíciles para el pequeño ahorrador tradicional, a quien al parecer no le llega el descanso ni la seguridad. Sin embargo, no todo es negativo para ellos y siguiendo la estela y la experiencia dejada por los recientes escándalos sobre comercializaciones en masa e indiscriminadas de productos financieros, nos queda el camino del resarcimiento judicial.

Numerosas sentencias de los Juzgados de Primera Instancia, de las Audiencias Provinciales, e incluso, el Tribunal Supremo, están dando la razón cada día a más clientes afectados.

 

Sonia de SantiagoSonia de Santiago

Abogada

 

INFORMES DE SOLVENCIA PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

1A estas alturas creo que casi todos hemos oído hablar del término “calificación del riesgo” referido a temas financieros. Bien sea aplicado a la deuda de los estados frente a sus inversores y acreedores (prima de riesgo); o a la solvencia de la deuda que mantienen las grandes empresas; estos términos que antes nos eran prácticamente desconocidos, se han convertido en habituales por efecto de los acontecimientos económicos que han sacudido nuestras vidas en la última década.

Pues bien, a partir del pasado 11 de octubre también nos acostumbraremos a oír expresiones tales como “riesgo bajo”, “riesgo medio-bajo o medio-alto”, “riesgo alto” o “no disponible”, pero en este caso aplicado las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Esto es lo que se ha puesto en funcionamiento a través de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial y a desarrollado, con posterioridad, la Circular 6/2016 del Banco de España. Consecuentemente, a partir del 11 de octubre, fecha en que ha entrado en vigor dicha circular, las entidades de crédito están obligadas a facilitar a cualquier autónomo o pyme que lo desee, un completo informe que refleje su situación financiera conforme a un modelo estandarizado, así como una calificación homogeneizada del riesgo (rating) similar a como se hace con las grandes empresas (la Ley ha denominado a este informe como «Información Financiera-PYME»)

Otra gran novedad que introduce esta circular es la obligación impuesta a las entidades de crédito de informar anticipadamente (con un mínimo de tres meses de antelación) a sus clientes pymes y autónomos, sobre su voluntad de cancelarles una línea de crédito o financiación.

Veamos a continuación, los aspectos claves que nos permitirán determinar el funcionamiento de dichas novedades.

1.- ¿Cuál es la finalidad de la nueva normativa?

Nos dice la exposición de motivos de la Ley 5/2015 que estas dos medidas están “destinadas a favorecer la financiación bancaria de las pymes”.

  • Con “la obligación de las entidades de crédito de notificar a las pymes, por escrito y con antelación suficiente, su decisión de cancelar o reducir significativamente el flujo de financiación que les haya venido concediendo”, se pretende que la pyme disponga de “tiempo suficiente para encontrar nuevas vías de financiación o para ajustar su gestión de tesorería, de forma que tal interrupción o reducción de la fuente de crédito no genere sorpresivos problemas de liquidez que dificulten o incluso imposibiliten cualquier reajuste”.
  • Con la obligación de la entidad de crédito de facilitar a la pyme, la “Información Financiera-PYME” con un formato estandarizado según los criterios del Banco de España, se pretende que la pequeña empresa disponga de un instrumento válido para “iniciar la búsqueda de fuentes alternativas de financiación con mayor facilidad, haciendo el uso que mejor corresponda de su información financiera”. Como dice la norma “este informe debiera convertirse en una herramienta eficaz para la valoración del riesgo de las pymes españolas en términos comparables y fidedignos, basados en la combinación de una información financiera de calidad, aportada por las entidades, y una adecuada y estandarizada metodología, elaborada por el supervisor”.

2.- ¿De qué deberá preavisarnos la entidad de crédito?

  • Deberá notificarnos, con al menos tres meses de antelación, su voluntad de no prorrogar, extinguir o rebajar (la obligación es exigible a partir de su voluntad de disminuirlo en un 35%) cualquier flujo de financiación que tuviera concedido a una PYME.
  • Por flujo de financiación deberá entenderse el conjunto de contratos de crédito bajo la forma de apertura de crédito, descuento comercial, anticipo, pago aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros que cumplan con una función equivalente de financiación otorgados a una pyme por una misma entidad de crédito”.
  • En un plazo de diez días hábiles posteriores a dicha notificación, la entidad deberá entregar a la pyme, un informe denominado “Información Financiera PYME”, basado en toda la información que la entidad de crédito hubiere recabado de la empresa en relación con su flujo de financiación.

3.- ¿Qué debe contener el documento “Información Financiera PYME”?

  • Las declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España.
  • Los datos que la entidad haya facilitado a empresas de servicios sobre solvencia patrimonial (asnef, rai, etc.)
  • Un historial crediticio de los cinco años anteriores con:
    • Relación de créditos históricos y vigentes (constarán los importes pendientes de cancelación).
    • Declaración de haber cumplido íntegramente con sus obligaciones o relación cronológica de aquéllas que resultaron impagadas.
    • Estado de la situación actual de impagos.
    • Relación de procedimientos judiciales en los que sea parte la entidad con el acreditado (concursos, refinanciaciones, etc.)
    • Relación de contratos de seguro vinculados a la financiación.
  • Extracto de movimientos realizados durante el último año en los contratos de financiación del solicitante.
  • Calificación del riesgo, adaptada a alguna de las siguientes categorías:
    • Riesgo alto: capacidad adecuada para hacer frente a sus compromisos financieros.
    • Riesgo medio-bajo: existe alguna incertidumbre no significativa sobre la capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.
    • Riesgo medio-alto: existen incertidumbres significativas sobre la capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.
    • Riesgo alto: existen serias dudas de que vaya a ser capaz de hacer frente a sus compromisos financieros.
    • No disponible: no se dispone de información suficiente para aplicar la metodología de calificación del riesgo.

24.- ¿Qué debe analizar la entidad para obtener la calificación del riesgo?

La entidad de crédito deberá calificar el riesgo teniendo en cuenta variables cuantitativas relativas a la situación financiera de la pyme (rentabilidad económica, solvencia, endeudamiento), combinadas con otras cualitativas (antigüedad, socios, sector) y también su propia conducta financiera (alertas, descubrimientos).

La entidad analizará los siguientes parámetros:

  • El conocimiento que la entidad de crédito disponga de la PYME o autónomo.
  • El conocimiento que la entidad tiene del negocio o de la actividad que desarrolle la PYME o autónomo.
  • Comportamiento de la PYME o autónomo con la entidad.

5.- ¿Quién puede solicitar el informe? ¿Cuál es el plazo de entrega? ¿Cuál es su coste?

  • Puede solicitarlo la PYME o autónomo que esté interesado en disponer de dicha información, en cualquier momento y de forma incondicionada.
    • Aquí el plazo máximo de entrega es de 15 días.
    • El coste máximo fijado por el Banco de España es de 150,00 €; aunque podemos encontrarnos con precios más bajos debido a la tarifa marcada por la entidad o al precio negociado por la entidad con el cliente pyme.
  • Como hemos visto, si el motivo de la emisión del informe es el recorte o extinción del flujo financiero, existe obligación de entrega sin solicitud.
    • Aquí el plazo máximo de entrega es de 10 días.
    • Su coste es gratuito para la pyme.

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6.- ¿Es recomendable solicitarlo?

Independientemente de que sea la aplicación práctica de la medida a corto y medio plazo la que determine la utilidad práctica de las medidas cuya entrada en vigor comentamos, entendemos que puede ser importante solicitar la expedición de dicho documento por parte de las pymes.

  • Tendremos un conocimiento propio de cómo perciben nuestra situación financiera las entidades financieras con las que trabajamos.
  • Detección de puntos débiles que no teníamos controlados.
  • A partir de ese conocimiento podremos diseñar estrategias para mejorar la posición financiera de nuestro negocio.
  • Puede resultar determinante para obtener la aprobación de proyectos de financiación necesarios para desarrollar nuestra actividad económica.
  • Puede resultar un instrumento importante a la hora de ofrecer seguridad y por ende mejores condiciones, con nuestros clientes y proveedores.

7.- ¿Qué ocurre si no se entrega el informe?

  • Según ha establecido la Ley 572015, los derechos establecidos anteriormente son irrenunciables, lo que quiere decir que:
    • Las entidades están obligadas a incluir información sobre dichos derechos en la documentación a suscribir con las pymes.
    • Y que, aunque alguna entidad nos hiciera renunciar a estos derechos, dicha renuncia sería totalmente nula y no sería efectiva ante una eventual reclamación.
  • El incumplimiento de dicha normativa sería denunciable ante el Banco de España (organismo supervisor de las entidades de crédito) y motivo de sanción grave para la entidad.
  • Si el incumplimiento, o el cumplimiento defectuoso de las referidas obligaciones por parte de la entidad de crédito, produjera daños y perjuicios a la pyme, sería reclamable frente a la entidad el abono del importe en que queden cuantificados dichos daños y perjuicios.

RaRamon Ferrémon Ferré Gargallo

Abogado